El 27 de Junio del 2017, posterior a tres meses de protestas y decenas de fallecimientos, el pueblo venezolano es testigo de la coalición hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia; este fue liderado por el inspector policial del CICPC Óscar Pérez, el cual junto al grupo insurgente presuntamente arrojó varias granadas desde un helicóptero policial. La oposición había considerado que este suceso podría crear repercusiones en diferentes ámbitos; la tensión llegó a su auge cuando el Presidente Nicolás Maduro Moros proclamó este acto como un "Ataque Terrorista".
En la actualidad, establecido el Gobierno de Transición por parte de Juan Guaido, Presidente Iterino de la República, en la búsqueda de justicia multilateral, ha llevado el caso a la luz nuevamente, en donde losninteresen ínfimos de cada parte será develada en un Juicio Oral, en donde se juzgará al presunto "grupo insurgente" y sus víctimas. El régimen dictatorial dejaba en duda mucho de los aspectos del suceso, ahora bajo la transparencia se deberá considerar cual es el destino del grupo. ¿Podrá salir ileso el grupo que actuaba en nombre del pueblo o los dirigentes ligados a el infame ex-gobierno?